La democracia en Latinoamérica está cumpliendo poco más de 30 años; en los cuales hemos oscilado entre regímenes autoritarios y democráticos. En prácticamente todos los países de la región la democracia es endeble. Probablemente Uruguay sea la excepción y, por momento, también lo son Costa Rica y Chile.
El equilibrio de poderes ha sido uno de los pilares esenciales de este camino democrático, en donde se busca de manera permanente limitar el abuso o exceso de poder para generar un balance que impida la concentración excesiva de facultades y atribuciones.
Sin embargo, esta búsqueda por limitar los excesos en el poder ha sido costosa y desgastante pues el autoritarismo es una amenaza constante y latente. A diferencia de hace décadas en donde los regímenes se instalaban a través del uso de la fuerza, ahora vemos cómo el autoritarismo ha ganado terreno y se ha instalado de nuevo en el poder disfrazado de elecciones democráticas. De acuerdo con estudios como Latinobarómetro o The Economist varios son los países que han transitado de democracias imperfectas a regímenes híbridos o autoritarios en los últimos años.
Alertas en la región
La segunda década del siglo XXI ha atraído la atención de las y los científicos sociales debido a la particularidad de los liderazgos que han llegado al poder y han buscado permanecer bajo diferentes esquemas.
Hoy en día vemos casos extremos como Venezuela o Nicaragua en donde los regímenes autoritarios no solo se han consolidado durante décadas, sino que además cada vez se han vuelto más extremos. Existen otros casos en los cuales la amenaza existe y se ha materializado de diferentes formas, como ocurre en El Salvador, Bolivia, Brasil y México. Además, la región cuenta con otro sector de países en los cuales la inestabilidad política parece ser la regla, tal como ocurre en Ecuador, Perú e incluso Argentina.
1. Argentina. Argentina tiene muchos años viviendo una importante inestabilidad económica. A esta se suma una compleja situación política entre otras cosas por el conflicto que desde hace algunos años tienen el Poder Judicial y el Ejecutivo, sumado a las acusaciones de corrupción contra la vicepresidenta Cristina Fernández.
Desde que inició su mandato, el presidente Alberto Fernández presentó al Congreso una propuesta de reforma al sistema judicial cuyo principal planteamiento residía en que las instituciones de impartición de justicia han dictado decisiones favorables a la oposición. Sin embargo, el proyecto no tuvo éxito y la tensión entre el gobierno y la Corte fue aumentando.
El 6 de diciembre de 2022 un tribunal condenó a la vicepresidenta a seis años de prisión y la inhabilitó de forma permanente para ejercer cargos públicos. Esta decisión es el motivo por el cual no pudo aspirar a la candidatura presidencial en las elecciones de 2023.
Por el otro lado, la Corte Suprema ordenó que a la Ciudad de Buenos Aires, gobernada por la oposición, se le aumentaran de 2,32% al 2,95% los fondos federales que recibe. El presidente Fernández, junto con 17 gobernadores, señalaron que no acatarían el fallo.
Estas decisiones favorables a un sector político y contrarias a otro desataron un conflicto en el cual incluso se ha buscado perseguir a la judicatura a través del legislativo, al grado que se ha solicitado iniciar un juicio político contra diferentes juzgadores incluyendo el presidente de la Corte Suprema. El proceso está detenido.
Este 2023 habrá elecciones para renovar, entre otros cargos, la presidencia, por lo que esta disputa entre poderes se da en medio de los preparativos de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en las que se definen las candidaturas presidenciales.
2. Ecuador. Tras unas complejas y polémicas elecciones en 2021, se vive una crisis política que ha llevado a convocar elecciones anticipadas. El 17 de mayo el presidente Guillermo Lasso invocó la figura constitucional conocida como Muerte Cruzada, la cual implica que el Ejecutivo disuelve el Congreso pero, al hacerlo, su mandato termina también y deben convocarse a nuevas elecciones. La muerte cruzada se incorporó a la Constitución en 2008, y hasta ahora no se había utilizado.
El presidente Lasso disolvió el parlamento en medio de un proceso de juicio político iniciado por la Asamblea Nacional por su presunta participación en la operación El Gran Padrino. En la investigación se le ha señalado de haber recibido dinero de forma ilícita para sostener su campaña por la presidencia en 2021. El presidente rechazó en todo momento las acusaciones y las describió como un intento de la oposición de socavar la estabilidad de su gobierno.
Desde enero de 2023, cuando se conformó la Comisión Especializada Ocasional por la Verdad, Justicia y la Lucha contra la Corrupción para investigar la presunta culpabilidad de Lasso, el presidente estuvo bajo el ojo público. La Comisión emitió un dictamen que sugería enjuiciar políticamente al presidente. La Asamblea aprobó este dictamen con 88 votos a favor, 23 en contra y 5 abstenciones. Seguido de lo anterior, la Corte Suprema de Justicia elaboró un proyecto para enjuiciar al mandatario, el cual fue aprobado en el pleno con 6 de 9 votos posibles.
Después de que la Asamblea Nacional llamó a testificar a diversos funcionarios públicos y personas supuestamente implicadas, así como al propio presidente Lasso, éste decretó la Muerte Cruzada. El presidente justificó su decisión en la grave crisis política que se vivía y que, según sus palabras, generaba ingobernabilidad. La elección anticipada se celebrará el 20 de agosto. Buscarán la presidencia ocho binomios presidenciales.
La polémica decisión de la muerte cruzada y la consecuencia de convocar a elecciones anticipadas, sumadas a lo vivido en las elecciones de 2021, ha generado una gran polarización política y un claro deterioro democrático.
3. El Salvador. La democracia en El Salvador ha experimentado avances y desafíos a lo largo de su historia. Después de décadas de conflictos internos y regímenes autoritarios, el país comenzó una transición hacia la democracia a finales de la década de 1980. En 1992 se firmaron los Acuerdos de Paz, poniendo fin a la guerra civil que duró más de una década. Estos acuerdos sentaron las bases para la democratización del país y el respeto por los derechos humanos.
La consolidación de la democracia en El Salvador no ha estado exenta de obstáculos. Uno de los principales desafíos ha sido la persistencia de la violencia, el crimen organizado y las pandillas. Estos problemas han puesto a prueba la capacidad del gobierno para garantizar un Estado de Derecho efectivo y proteger a la ciudadanía.
El actual presidente, Nayib Bukele asumió el cargo en 2019. Desde entonces su mandato ha sido sumamente controvertido, pues su estilo de gobierno se inclina más hacia el autoritarismo que hacia una administración democrática y garante de los derechos humanos.
De 2019 a la fecha ha adoptado medidas extremas principalmente en dos sentidos, primero para socavar la separación de poderes y segundo para combatir la delincuencia a partir de acciones que vulneran los derechos humanos.
Al inicio de su mandado, cuando el Congreso se negó a aprobar el Plan para el combate a las pandillas, Bukele convocó desde sus redes sociales a manifestarse afuera del Congreso para presionar a las y los legisladores a fin de que se aprobara su propuesta. En paralelo el presidente ingresó al congreso acompañado de la Policía Nacional y del Ejercito para presionar a los congresistas a fin de que avalaran su propuesta.
Luego de las elecciones intermedias de 2021, el partido del presidente ganó la mayoría de los escaños. Con ello, Bukele adoptó medidas más extremas, como es el Estado de excepción para combatir al crimen organizado, lo cual ha sido el motivo perfecto para suspender derechos fundamentales de la ciudadanía. También destituyó a las y los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema, nombrando perfiles afines. La intención con esta medida fue que se avalara su reelección a pesar de que dicha figura se encuentra prohibida en la Constitución.
Ahora Bukele buscará su reelección en las elecciones de 2024. La erosión democrática en El Salvador ha sido motivo de preocupación y ha prendido las alertas en la región, su política de mano dura ha tenido eco en otros países, gracias al crecimiento de liderazgos autoritarios y detractores de la defensa de los derechos humanos.
4. México. Si bien parecía que México llevaba un camino firme hacia la consolidación democrática, la inseguridad y la corrupción de los gobiernos que permitieron el tránsito a la democracia llevaron a que el gobierno mexicano cayera en mano de un líder populista y con tintes autoritarios.
En 2018 ganó la elección presidencial Andrés Manuel López Obrador, en su tercer intento, y desde su arribo al poder las amenazas a la democracia no han dejado de estar presentes. Desde intimidación a la autonomía de otros poderes y órganos fundamentales del Estado democrático, pasando por constantes ataques a la prensa, la libertad de expresión y a la oposición, hasta un incesante ataque a la independencia judicial y el Estado de Derecho.
En el Laboratorio Electoral hemos advertido de los riesgos democráticos que enfrenta México, así como de las polémicas decisiones que ha tomado el presidente. Estas se han dado desde empoderar casi sin límites al Ejército, atacar la autonomía de la autoridad electoral y buscar reformar por completo el sistema electoral para hacer uno más a modo, atacar incesantemente la independencia judicial, ignorar la inseguridad que se vive en el país, omitir los escandalosos casos de corrupción de su gobierno, atacar de forma desmedida a la prensa, intervenir de manera abierta en las elecciones y violar constantemente la Constitución.
El crecimiento electoral del partido del presidente ha sido desmedido. Hoy en día es el partido mayoritario en todos los ámbitos – nacional, local y municipal –, la oposición no solo no ha podido detener su avance en las elecciones, sino que se ha mostrado débil y desarticulada. De cara a las elecciones de 2024 en las que se renovarán más del 90% de los cargos de elección popular del país, el presidente y su partido buscan consolidar su fuerza electoral e iniciar el camino hacía una nueva hegemonía partidista.
La polarización en el país se ha agravado, el discurso presidencial acentúa todos los días las diferencias sociales y económicas, la concentración de poder en la figura presidencial crece y las amenazas a las conquistas democráticas que se alcanzaron paulatinamente desde 1977 son constantes.
5. Perú. Este país lleva años sumido en una crisis de gobernabilidad que lo ha llevado a tener presidencias prácticamente temporales desde hace más de un quinquenio.
Perú se encuentra en medio de una crisis política y social luego de que el 7 de diciembre de 2022 el entonces presidente, Pedro Castillo, intentara disolver el Congreso a través de un decreto que establecía un gobierno de excepción y convocaba a un Congreso Constituyente. La ilegalidad de la medida prendió las alertas y generó reacciones inmediatas en la clase política y las fuerzas de seguridad, lo que llevó a la detención y encarcelamiento del presidente Castillo.
La Constitución peruana establece que el Ejecutivo sólo puede disolver al congreso cuando el parlamento haya negado o censurado a dos miembros del Consejo de Ministros. También menciona que los gobiernos de excepción sólo pueden ser decretados cuando exista perturbación interna (art.137). En la Constitución no está contemplado el congreso constituyente, sin embargo, en el artículo 206 se habla que el Poder Constituyente reside en el pueblo y que puede ser ejercido a través de los mecanismos y procedimientos establecidos en la propia Constitución. En caso de la necesidad de convocar a una asamblea constituyente, esta propuesta debería someterse ante el pleno de la Asamblea para su aprobación.
Sin embargo, este decreto de Castillo no es en solitario lo que provocó la crisis, solo fue su detonante. Las elecciones de 2021, al igual que las previas en ese país, fueron sumamente complejas: lo cerrado de los resultados y los cuestionamientos a los mismos mermaron la legitimidad del gobierno entrante. Desde el inicio de su gobierno Castillo tuvo diferentes enfrentamientos con el legislativo, pues no contaba con mayoría; el presidente llegó a acusar al parlamento de establecer “la dictadura congresal”, y que se buscaba entorpecer su gobierno.
Con la salida de Castillo, la vicepresidenta Dina Boluarte asumió la presidencia, lo cual generó malestar y protestas multitudinarias que hasta la fecha han dejado 63 muertos. Las y los manifestantes exigen que se convoque a nuevas elecciones, la renuncia de la presidenta, y la formación de un Congreso Constituyente, ante lo cual el gobierno ha hecho un uso excesivo de la fuerza pública derivando en represiones.
Perú está en el proceso de convocar a nuevas elecciones. La gobernabilidad en este país cada vez es más compleja, pues ya son años de inestabilidad política, lo que dificulta el funcionamiento de la democracia.
América Latina se caracteriza por su complejo contexto político. La estabilidad en este rubro nunca ha sido destacable en la región y, sin embargo, advertimos que en esta ocasión los abusos y excesos en el ejercicio del poder, acompañados por las violaciones a los derechos humanos, han generado un deterioro democrático en espiral que cada vez alcanza más países.
