a). Transición a la democracia y fraudes electorales.
El fraude electoral ha estado presente como una sombra en la historia de los países latinoamericanos. México no es la excepción. En su libro denominado “El sistema político mexicano”, Daniel Cosío Villegas, definía al sistema político de entonces como una “Monarquía Absoluta Sexenal y Hereditaria”, en donde los ritos, los ritmos de la política y, sobre todo, “el estilo personal de gobernar, pretendía absorber en los sectores del PRI a prácticamente toda la sociedad mexicana. Giovanni Sartori, lo conceptualizaba como “sistema de partido hegemónico”.
En ese devenir histórico surgieron voces contrarias al status quo, destacándose la oposición del PAN, fundado en 1939, así como movimientos de protesta como los enarbolados por los ferrocarrileros, médicos, estudiantes en el 68, entre otros, hasta llegar a los movimientos guerrilleros de los 70´s, que fueron desarticulados por la guerra sucia, emprendida por el gobierno. Ese control vertical y dominio de todos los espacios públicos y privados tuvo éxitos en lo macroeconómico como el llamado “milagro mexicano” que estuvo acompañado de la pérdida de derechos políticos y civiles[i].
La transición a la democracia, iniciada con la reforma política de 1977, tuvo como eje fundamental lo electoral, cuyas reglas y marco normativo, se fue configurando a partir de lentas pero continuas reformas, donde tuvo especial atención la conformación de un árbitro electoral imparcial y autónomo del gobierno. La consolidación de la democracia se constituyó con el esfuerzo histórico de mexicanos ejemplares, entre ellos, Cuauhtémoc Cárdenas Solorzano, Ifigenia Martínez, Andrés Manuel López Obrador y otros actores políticos del PAN, PRD y del mismo PRI, así como ciudadanos que acompañaron el proceso.
Así llegamos al 2000 y a la democracia procedimental que sigue teniendo fuertes críticos:
“…México no ha experimentado una verdadera transición a la democracia, sino tan solo una alternancia de partidos en el poder (…) Lo que no está claro es la causa de este fracaso de las luchas democráticas (…) una explicación plausible y necesaria de este proceso es el gigantesco poder que han acumulado los actores políticos y económicos denominados “poderes fácticos”, es decir, los grandes sindicatos corporativos, los caciques regionales, las empresas monopólicas y, más recientemente, el crimen organizado”. (Olvera, 2011:312).
Este malestar no obsta para decir que la democracia ha posibilitado la alternancia en el poder, en un inicio entre el PRI y el PAN. Sin embargo, las elecciones del 2006 en el que el cerrado margen de diferencia entre el primer y segundo lugar, Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador, respectivamente, dieron pie a fuertes críticas al TEPJF[ii] y el entonces IFE. Estas críticas se dieron por la falta de decisión para denunciar y frenar las campañas negativas de “Un peligro para México”, la documentada participación del presidente Vicente Fox y funcionarios de primer nivel y gobernadores en favor del candidato panista[iii], entre otros.
Este fue un cisma que puso en duda la incipiente transición y que mantuvo en vilo el panorama hasta las elecciones de 2012, donde resultó ganador Enrique Peña Nieto. Desde entonces debe reconocerse el protagonismo del presidente López Obrador, quien insistentemente ha dictado la agenda nacional en materia electoral.
Actualmente vemos que hay descontento social con los partidos, como lo reporta el Informe País 2020, mismo que reporta que el INE cuenta con un porcentaje de confianza de 60%. En contraste con los partidos, el actual presidente mantiene, un 56% de aprobación, según la última encuesta de El Financiero.
b). Narrativa presidencial en lo electoral
La narrativa presidencial tiene como eje fundamental las “mañaneras”, conferencias matutinas que dictan la agenda nacional y donde el presidente habla directamente a los mexicanos sobre temas que considera de importancia nacional donde han sido varias las ocasiones en las que ataca a la autoridad electoral. Esto ha llevado a que desde la presidencia del INE se intente no solo responder los ataques del presidente sino tratar de contrarrestar su narrativa, que en lo electoral se basa en el abaratamiento de las elecciones, así como en los fuertes recortes presupuestales a las instituciones.
Algunos analistas han externado posturas por estas narrativas contrapuestas, donde los ciudadanos de a pie quedamos en medio, tal como lo señaló el día 15 de agosto de 2022, el experto Jorge David Aljovin:
“… ya no podemos simplemente esconder los problemas debajo de la alfombra y decir que simplemente como nuestra democracia cuesta un uno por ciento o es menor al uno por ciento del producto interno bruto, nada tiene que cambiar, me parece que eso es una narrativa que no puede continuar porque simplemente promueve un gatopardismo electoral; … lo que si debemos lograr es este diálogo que el propio consejero presidente ha dicho, pero también hay que decirlo no es un diálogo como quiere la autoridad electoral sino lo que se quiere también por parte de los ciudadanos… ”
Al respecto, se ha propuesto integrar un equipo de trabajo que inclusive pudiera ser consensuado por todos los partidos políticos para diseñar la agenda electoral.
c). Principio de “Austeridad Republicana”.
En este 2022 el presidente presentó una reforma en materia electoral que rompió con la tradición de que este tipo de propuestas surjan desde la oposición y luego de la conclusión de una elección general. Los partidos de oposición están siendo avasallados por la narrativa presidencial, destacándose como línea discursiva la llamada austeridad republicana (ahora “Pobreza Franciscana”), que se menciona en la Exposición de Motivos de la iniciativa, en donde se señala que es imprescindible “insertar el principio de austeridad republicana en el sistema electoral y de partidos”. Así, el ejercicio de la función estatal se guiaría por los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad, así como el de austeridad.
El “abaratamiento de las elecciones” es la columna vertebral de la iniciativa, que menciona que con la eliminación del financiamiento público ordinario de los partidos políticos habría un ahorro de 11 mil millones de pesos a nivel federal, y 5 mil 297 millones de pesos de la prerrogativa que reciben en los estados; con lo cual, se evitaría mantener una estructura burocrática en tiempos no electorales, “dada la proliferación de élites partidistas ajenas al interés público y representatividad ciudadana”. Dichos recursos serían cubiertos mediante el financiamiento de militantes y simpatizantes, para que los partidos sean instituciones autosostenibles.
Otro tema central en la reforma es la desaparición de los OPLES que significarían, de acuerdo con la propuesta, un ahorro de 13 mil 261 millones 913 pesos, si se considera el presupuesto de 2021, siendo que la extinción de los tribunales locales implicaría no erogar por ese concepto 4 mil millones de pesos. También se alude a un ahorro de 3 mil millones de pesos por la desaparición de los 200 diputados[iv]; en la misma lógica habría ahorros por eliminación de 32 senadores, dado que dicha cámara se conformaría por 96 senadurías (3 por Estado), en lugar de 128. Otro ahorro, según la iniciativa llegaría por los 6 mil millones de pesos por reducción de regidores y 5 mil millones de pesos en lo que hace a la disminución de diputados locales.
Todo ello, en total alcanzaría un ahorro de casi 50 mil millones de pesos[v], que representaría un presupuesto similar a lo que reciben anualmente la UNAM o los gobiernos de los Estados de Querétaro o San Luis Potosí.
Como comentamos en la Introducción, el INE cumple un papel central en la organización de las elecciones pero el principal problema del sistema es lo que está por fuera: el dinero que está por “debajo de la mesa”, ese que mueve a las líderes de colonia, de barrio o de comunidades rurales para asegurarse de la compra de los votos en favor de candidatos predeterminados. Los dineros que mueven las “campañas negras” que oscurecen la trayectoria y vida de los adversarios políticos. Los recursos que se destinan para los actos anticipados de precampaña y campaña son observables, pero siguen impunes, como está ocurriendo con las llamadas “corcholatas presidenciales”.
d). Coyuntura histórica en lo electoral.
¿Desde dónde llega esta propuesta? Debe resaltarse la demanda histórica protagonizada por el presidente para erradicar los fraudes electorales. En uno de sus escritos lo explica de la siguiente forma:
“Durante la campaña presidencial de 2006 mis adversarios de la mafia del poder me atacaron con saña (…) Fox, Salinas y personajes de las cúpulas empresariales, en realidad traficantes de influencias (…) se aplicaron a fondo para impedir que triunfáramos en el 2006 (…) La llamada guerra sucia caló profundo, no sólo por decir que yo era un peligro para México sino por su desmedida capacidad de repetición (…)
Sin embargo, eso no fue lo decisivo. Aun con toda esa campaña negra, el día de las elecciones millones de mexicanos votaron por nosotros. No tengo duda de que en 2006 ganamos la Presidencia. Felipe Calderón fue impuesto mediante un fraude electoral (…) La imposición de Enrique Peña Nieto como presidente de la república también corrió a cargo de la mafia del poder (…) Al final de la campaña, cuando estábamos empatados en intención de votos, la mafia echó a andar un operativo (…) Aun con todo eso, lo determinante fue la compra del voto (…) Así se consumó el fraude en 2012…”.
La denuncia de la corrupción y los fraudes electorales son temas recurrentes del presidente. En varias mañaneras y eventos ha dado pormenores de esos males endémicos, como lo mencionó en un evento celebrado el 4 de abril de 2020, en Nayarit, donde dijo:
"Tenemos que dejar establecida la democracia, nada de compra de votos, nada de estar repartiendo despensas, frijol con gorgojo, nada de estar utilizando el presupuesto que es de todos para apoyar a partidos y candidatos, nada estar acarreando gente para ir a votar, nada del ratón loco, de las urnas embarazadas, de las actas falsificadas, todo eso al carajo, voto libre y secreto, y que la gente decida libremente”
El problema es cómo erradicar el fraude cuando desde el partido de gobierno, Morena, se presentó durante los días 30 y 31 de julio de 2022, en donde se eligieron los integrantes de su Congreso Nacional. De acuerdo con John Ackerman:
“Aunque usted no lo crea, hoy ya es 9 de agosto y todavía NO HAY RESULTADOS de las asambleas de @PartidoMorenaMx celebradas el pasado 30 y 31 julio. El fraude es evidente…”.
Asimismo, expuso la reproducción de problemas añejos como el clientelismo y el corporativismo que estuvieron presentes en ese proceso interno. Al respecto, el senador Ricardo Monreal Ávila sostuvo que el evento fue
“de muy baja calidad democrática” y lamentó que “… la movilización, fue el dinero, fueron los programas los que determinaron quiénes forman parte de los consejos…”, subrayando la tardanza en la entrega de resultados.
Lo anterior nos sirve de ejemplo para reiterar la necesidad de establecer acciones inmediatas para frenar estás prácticas nocivas que aun rodean las elecciones, y una autoridad electoral autónoma. La paradoja histórica que enfrenta el presidente es ser congruente con su narrativa y lucha política. Desde su posición privilegiada debe apoyar la integración de la agenda en materia electoral, mediante la cual se analice colegiadamente la vía para erradicar las prácticas de compra y coacción del voto, financiamiento ilícito de las campañas, y otros denunciados por él en su lucha por el poder, y que son fenómenos que están más allá de la organización y logística de las elecciones.
*Jorge Manriquez Centeno es especialista en materia electoral. Exconsejero presidente del Instituto Electoral de Quintana Roo (2009 a 2015) y ex director de Partidos Políticos del mismo Instituto (2003 a abril de 2009).
El análisis y las conclusiones vertidas en este texto, así como su investigación y soporte teórico, son responsabilidad de la o el autor. El Microscopio Electoral del Laboratorio Electoral sirvió exclusivamente como plataforma de difusión.
[i] El “milagro mexicano” o “desarrollo estabilizador” fue un modelo económico que se desarrolló entre las presidencias de Adolfo Ruiz Cortines (1952-1958), Adolfo López Mateos (1958-1964) y Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970), en donde se registró un crecimiento económico sostenido de alrededor de 6.6% y baja inflación. (Tello, Carlos.(2007). Estado y desarrollo económico. México 1920-2006, pp. 357-368. México: Universidad Autónoma de México).
[ii] Juan Antonio Cruz Parcero al analizar el Dictamen del TEPJF del cómputo final de la elección presidencial del 2006, subraya: “sostengo que el dictamen es una muy mala resolución y que, con independencia de los factores que explican el contexto problemático en que fue elaborado, refleja no sólo que los magistrados razonaron mal, sino que actuaron negligentemente dada la importancia de esta resolución”. (Cruz, 2008: 43). Trabajo disponible en:
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/11/5450/11.pdf
[iii] Juan Antonio Cruz Parcero analiza el Dictamen del TEPJF del cómputo final de la elección presidencial del 2006, donde se estudian estas indebidas injerencias. (Cruz, 2008:43). Trabajo disponible en:
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/11/5450/11.pdf
[iv] El proyecto establece un cambio de modelo de elección: La Cámara de Diputados se conformaría por 300 curules de representación proporcional “pura”; en tanto el Senado de la Republica quedaría integrado por 96 escaños; siendo que habría listas votadas en cada una de las entidades federativas, con la consecuente desaparición del sistema de mayoría relativa. Está misma lógica aplica en cuanto a congresos locales, ayuntamientos y alcaldías, que reducirían su integración conforme a criterios y topes de población definidos en la iniciativa.
[v] Los datos se retoman de la iniciativa y lo reportado por el diputado federal de Morena, Hamlet García Almaguer, en una entrevista disponible en: https://www.adn40.mx/opinion/ruta-adn-40-1/reforma-electoral
